sábado, 15 de diciembre de 2012

Siempre nos quedará Andorra

Son varios los reproches que podrían hacerse sobre la ley Wert, el primero de ellos es su falta de ambición (y firmeza) para implantar la libertad de enseñanza en las comunidades bilingües. Asimismo, la ley queda descafeinada al pretender contentar, aceptándoles la inmersión, a unos nacionalistas incapaces de renunciar a ninguna de sus aberrantes imposiciones, trasladas esta misma semana a las guarderías. Finalmente, la ley no contempla la mejor de las opciones si de libertad educativa hablamos: el cheque escolar, único método por el cual los padres estarían en condiciones de escoger la mejor educación para sus hijos. 

Las cuitas del no tan joven ministro Wert, o siempre nos quedará Andorra
El lector se habrá preguntado sin duda qué contiene el Anteproyecto del ministro Wert para que el nacionalismo catalán se rasgue las vestiduras y sienta profanadas sus esencias y proclame a los cuatro vientos que es “el mayor ataque contra el catalán desde 1978” (Rigau dixit) y “peor ataque que desde la muerte de Franco ha recibido el catalán" (Durán i Lleida pixit).  ¿Qué contiene, pues, ese anteproyecto que lo hace culpable de un delito de lesa majestad –son palabras textuales del ministro- si «no es cierto que el anteproyecto sea un ataque a la inmersión lingüística, antes bien, la reconoce y le da carta de naturaleza?» Y tiene razón el ministro, que ha añadido: «Estamos hablando de algo muy excepcional. Solo se aplicaría en los casos en que la Administración sea incapaz de proporcionar una plaza en los centros públicos o concertados a aquellos que solicitan ser escolarizados con el castellano como lengua vehicular». Y este es el problema.  Para los nacionalistas cualquier excepción, por mínima que sea, al sistema de imposición del catalán como lengua vehicular única  es un ataque intolerable al catalán, al igual que para un inquisidor la enseñanza de otra religión distinta a la única y verdadera, o sea la católica, sería un ataque intolerable a la religión católica. O sea, que el hecho de que un solo niño en Cataluña reciba la enseñanza también en castellano (juntamente con el catalán, o sea una enseñanza bilingüe) es intolerable. Pero también, por otros motivos,  para los que exigimos que en Cataluña la Constitución y las leyes sean respetadas y cumplidas no sólo por los ciudadanos sino también por los poderes públicos, el anteproyecto de Wert es inaceptable, no sólo por los ciudadanos.

Olvida el ministro una cosa sencilla: si su anteproyecto «reconoce y […] da carta de naturaleza» a la inmersión lingüística, y la inmersión ha sido declarada inconstitucional por los Tribunales, ergo su anteproyecto es impepinablemente inconstitucional. Porque el Tribunal Constitucional ha sentenciado que cualquier sistema lingüístico escolar que excluya cualquiera de las leguas cooficiales como lengua vehicular –y el de la inmersión lingüística excluye la castellana- es inconstitucional y, por si esto no bastara, el Tribunal Supremo en seis sentencias ha resuelto que el sistema de inmersión es «contrario al espíritu y la letra de la Constitución» y que el derecho de los escolares a recibir una enseñanza bilingüe no puede ser sometido a rogación, esto es, que la administración tiene la obligación de proporcionarlo a todos los escolares, sin que tengan que solicitarlo los padres.
Al Ministro Wert le ha salido el tiro por la culata. Queriendo el mal menor se ha encontrado con la catástrofe. Ya se sabe, los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa. Y es que pretender instaurar un régimen lingüístico de excepción e inconstitucional en Cataluña es considerar a los catalanes inferiores en derecho a los andorranos, en donde el Gobierno español tiene suscrito un convenio con el Gobierno andorrano por el que mantiene a su costa (del Estado español) colegios en donde los escolares andorranos, en concreto un tercio de los mismos, pueden estudiar en castellano. ¿No sería más sencillo simplemente establecer en Cataluña para todos los escolares un régimen lingüístico, el de conjunción  lingüística o de bilingüismo integral, que es el que los Tribunales han considerado como constitucional, o sea, un régimen lingüístico escolar en donde ambas lenguas,  el catalán y el castellano,  sea utilizadas como lenguas vehiculares de forma  equilibrada? Y si a alguien o algunos no les gusta que se cumpla lo que la Constitución y las leyes prescriben, o sea las reglas de la democracia, que caiga sobre ellos el peso de la ley. ¿O tal vez pretende el ministro que matriculemos a nuestros hijos en un colegio andorrano?
Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana

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