Dos informes referidos a fechorías socialistas

Rubalcaba, entonces ministro, se inclina ante una bandera de España cuyos valores y leyes no dudó en traicionar. Ha tenido que ser la Guardia Civil, paradójicamente, la admirable institución que adjudique a la cúpula de Interior la responsabilidad del caso Faisán. ¿Alguien cree que el hoy jefe  socialista se halle al margen?

Ha sido nada menos que la Guardia Civil, probablemente la institución policial más prestigiosa de España, la que ha presentado en las últimas horas sendos informes que esclarecen dos de las peores fechorías socialistas. En uno de ellos se dice que el Gobierno andaluz conocía la trama de los ERE y ha corroborado, punto por punto, todas las sospechas que la juez Mercedes Alaya ha expuesto en los últimos meses en sus resoluciones sobre el escándalo. Es decir, el actual presidente de la Junta de Andalucía estaba al corriente, sin descartar en absoluto que fuese uno de los promotores, de cuanto latrocinio y malversación se ha venido practicando. 

El Diario de Sevilla detalla que en el informe de la UCO hay hasta 13 deficiencias [delictivas] enla tramitación de los expedientes, entre las que destaca la falta de publicidad, lo que impedía el "acceso a las mismas en condiciones de igualdad por las distintas empresas o colectivos de trabajadores de la comunidad autónoma que pudieran estar atravesando una situación de crisis". Asimismo advierte de que, al "ya de por sí poco exigente convenio marco" de 2011, se suma el "reiterado" incumplimiento del mismo, con lo que las ayudas se concedían "sin que existiera un convenio particular en la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o IDEA, sin establecimiento de plazos o sin formar las comisiones de seguimiento previstas".

Para la Guardia Civil, las responsabilidades podrían alcanzar incluso al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por cuanto sería conocedor, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, de los importantes reparos que la Intervención General de la Junta planteó ante el sistema de las transferencias de financiación. La Guardia Civil extiende la responsabilidad a todos los miembros del Consejo de Gobierno, que "conocerían el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable, como las ampliaciones presupuestarias que incrementaban el crédito correspondiente a las transferencias de financiación que desde Empleo iban destinadas al IFA o IDEA". A la vista de este informe, la juez Alaya ha decidido suspender sin fecha las declaraciones de los próximos imputados para estudiar el atestado.

Por otra parte, informaciones adicionales de la Guardia Civil dan pie a que el juez Ruz haya emitido un informe de 600 páginas sobre el llamado caso Faisán, del que sedesprende que la cúpula de Rubalcaba es responsable del chivatazo a ETA. El informe ratifica que el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector Ballesteros dieron el soplo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA. Es decir, que son los responsables del llamado "caso del chivatazo a ETA" o "caso Faisán". Concluye el informe afirmando que: "las evidencias policiales sobre el caso soportan de manera consistente la hipótesis de la autoría de los imputados en un grado mucho mayor que el resto de hipótesis plausibles". Hay que destacar que en la fecha del chivatazo quien estaba al mando de Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que en buena lógica llevaría a la conclusión de considerarle igualmente implicado.

Estos días se habla y con razón de pedirles responsabilidades a los gestores de las cajas de ahorros, entre los que a mi juicio habría que incluir a todos sus consejeros, incluidos los que accedieron al cargo a propuesta de los sindicatos. La pregunta es: ¿Cuándo llegará el procesamiento de Griñán, por el mega latrocinio en Andalucía, o el de Rubalcaba por alta traición a la Nación española?