Mi nacionalismo favorito (II): Banderas españolas ilegales

Josep Maria Gavaldà Colomina, el cacique de un pueblo cuyos habitantes se encuentran sometidos a los caprichos totalitarios de este esbirro de CiU

El Catllar es un municipio de unos 4.000 habitantes en la provincia de Tarragona, que según ciertos rumores aún pertenece a una nación llamada España. El alcalde de la localidad es un "demócrata" llamado  Josep Maria Gavaldà Colomina, de Convergencia i Unió. La principal hazaña de este sujeto ha consistido en ordenar la retirada de varias banderas españolas colocadas en un restaurante denominado 'La torre d'en Guiu', con motivo de la Eurocopa de Selecciones Nacionales. Estos son los hechos, según los relata El Confidencial Digital, entre otros medios: 

Miércoles, 27 de junio de 2012. España es un país paralizado: ‘La Roja’, como ya se conoce popularmente a la selección española, disputa la  semifinal de la Eurocopa contra Portugal. Es un simple partido, pero en juego hay mucho más. Es posible hacer historia y convertirse en el primer país en conseguir tres ‘coronas’ internacionales consecutivas. Aquel día, miles de bares y restaurantes [de toda España ] se preparan para recibir a su clientela. Como en la gran mayoría de locales, en el restaurante 'La torre d'en Guiu', hay cuatro banderas de España como muestra de ánimo a la Selección. “No había ningún objetivo político, sólo deportivo” asegura Sofía Calvo, propietaria del restaurante.

España ganó ese día y consiguió su pase a la final. La clientela, como era de esperar, se fue contenta del local. Pero la alegría no contagió a todos. Al día siguiente, la gerente recibió la visita de un alguacil del Ayuntamiento. Traía un mensaje del alcalde: “le instamos a que retire inmediatamente las banderas de España que ha colocado en el local”. Pensó que se trataba de una broma. “Va en serio”, insistió el empleado municipal. El establecimiento se encuentra ubicado en unas instalaciones que son de propiedad pública. La propietaria tiene alquilado el local, pero por entonces consideró que, al no haber ninguna cláusula en su contrato que así lo estipulase, podría poner la bandera que le viniera en gana. “Siempre que fuera constitucional, claro”.

Los días pasan y llega el sábado, víspera de la gran final España-Italia. Las banderas de España, cuatro, seguían ondeando de la fachada del establecimiento. La propietaria del restaurante, ante la insistencia de las autoridades municipales, decide elevar un consulta al alcalde, en el que solicita que se le dé la orden por escrito y se razone el motivo:

“Debido al momento en que nos encontramos, que se está jugando la Eurocopa 2012 y la Selección española no sólo juega, sino que ha llegado a la final, motivo por el cual se han puesto dichas banderas” dice la petición —en castellano— de la señora Calvo. “Aprovecho para invitarles a venir a ver la final de la Eurocopa 2012 España-Italia”.

Ese mismo día la propietaria del local recibe la respuesta oficial del alcalde. Se detallan los motivos por los que no se permite la colocación de banderas en el edificio del restaurante:

“Se trata de un edificio municipal y es el ayuntamiento el que decide las banderas que se colocan. Si durante el día de hoy no están retiradas, serán retiradas por personal del ayuntamiento”.

Ante la insistencia de la orden y las amenazas de que las banderas “no sólo serían retiradas, sino retenidas” según la propietaria, ésta  decidió retirarlas. Consultó antes a sus abogados, quienes le confirmaron lo “surrealista” de la orden. El edificio es de propiedad municipal, pero no es un edificio institucional, por lo que la legitimidad de esta orden queda diluida.

Obró así también por miedo a posibles represalias futuras por parte del alcalde. Temía, entre otras cosas, que el Ayuntamiento decidiera trasladar algunos actos de las fiestas del pueblo a otro lugar.

“Esto es una dictadura” asegura la propietaria del local. “Aquí se hace lo que él dice” sentencia. Finalmente, la final se vio en 'La torre d'en Guiu'. Pero sin las banderas de España.

Esta claro que al cacique de CiU, cuya actitud es de prevaricación clara (faltar un empleado público a la justicia en las resoluciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable), deberían de cesarle a la tercera señal. O en el peor de los casos, que la Delegada del Gobierno en Cataluña le abriera un expediente informativo destinado a inhabilitarlo para cargo público.


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