Mañana comienza el juicio sobre
los golpistas catanazis. Me resisto a llamarlos catalanes porque es un gentilicio
de lo más digno y admirable por cuantiosas razones. Créanme, lo sé de primera
mano por haber vivido durante cuarenta años en Cataluña y haberlos conocido a
fondo. Es más, estoy convencido de que no existe ninguna región en este mundo (sea
del Estado que sea, pongamos Alemania, Francia o USA), que de haber sido
sometido a un adoctrinamiento tan largo, intenso y cargado de odio en contra
de la nación a la que pertenece, hubiera reaccionado de distinto modo.
Luego la deslealtad continuada hacia
España que se ha dado en Cataluña durante varias décadas, sin exculpar del todo
a una parte de su población, debe atribuirse en primer lugar a su funesta
clase dirigente (cuyo independentista en jefe se conoce: Jordi Pujol), pero también se
debe hacer responsable de semejante trayectoria alevosa a unos gobiernos de
España que a poco de llegar la Transición comenzaron a mirar para otro lado y
ahí siguen, bailándole el agua por interés propio a los golpistas.
No estoy muy seguro de que el
juicio acabe bien, me refiero a que concluya con una condena adecuada a los “merecimientos”
de quienes se creyeron, desde un simple parlamento regional que carecía de
atribuciones y contaba solo con dos o tres diputados más que la oposición, con
la facultad necesaria para proclamar la República catalana. Es decir, quisieron
convertirse así por las buenas en un país independiente de España, sin
considerar la Ley, los siglos de Historia común y en contra de la mayor parte
de la población catalana.
El acto de usar esa escuálida
mayoría de diputados (que no de votos ciudadanos) para semejante proclamación
(el propio “Estatut” requiere una mayoría de dos tercios para ser reformado), es
en sí mismo, junto a la violencia callejera desatada alrededor del referéndum
ilegal y tramposo del 1 de Octubre de 2017, más que suficiente para acusar a
los golpistas del peor de los delitos atribuibles a un político: Rebelión. Esperemos
que la tramoya catanazi sobre el juicio no sobrepase lo anecdótico y el Supremo
acabe aplicando la más justa y dura sentencia que corresponda.
Esperemos, asimismo, que el okupa
Sánchez no esté al frente del Gobierno para cuando deba aplicarse la sentencia, de este
modo se evitaría lo que es un rumor generalizado: Que Sánchez devolverá a los
golpistas a las cárceles catalanas y que además transferirá a los jueces de vigilancia
penitenciaria, lo que sería una forma de dejar a los presos en la calle.
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