El Gobierno catalán exige al Gobierno español que cumpla las sentencias

Palacio de la Generalidad de Cataluña, sede del gobierno autonómico

Cómo es posible que haya unos individuos tan desahogados, con semejante rostro, como para que ahora se permitan pedir a otros lo que ellos llevan sin cumplir desde hace tantos años. Casi nadie ignora que la 'Generalitat' se ha venido pasando por el trasero numerosas sentencias de varios tribunales de justicia, incluido un Tribunal Constitucional que no reconocen los nacionalistas, contra el que se manifestaron no hace mucho en el Paseo de Gracia de Barcelona, después de que recortara una minucia el aberrante estatuto que ZP les concedió, y al que ahora —¡pásmense!— quieren llevar los incumplimientos ajenos. O sea, al decir de estos pájaros el asunto vendría a ser del siguiente modo: "el Constitucional puede serme útil sólo cuando me interese". ¡Madre del amor hermoso, esto no tiene arreglo ni fumigando!

Y el caso es que es bastante probable que al gobierno de Cataluña no le falte la razón, porque la lealtad institucional hace años que brilla por su ausencia, sobre todo a partir de las innumerables promesas que el inicuo Zapatero se encargó de repartir a cualquier grupo que pudiera servirle de apoyo parlamentario. Y muchas de esa promesas, que son las que ahora se le reclaman a Rajoy, quedaron incumplidas al mismo tiempo que se establecía una especie de consigna: ¡"Tonto de los cojones el que tenga interés por el conjunto de España"! Pero claro, volviendo al cumplimiento de la ley, convendrán conmigo que ésta, así como la lealtad institucional, deben ser recíprocas, ya que de lo contrario, como ahora sucede con la actitud del Gobierno catalán, solamente mueve al desprecio.

De todo esto convendría extraer una moraleja: La reforma más apremiante, casi angustiosa respecto a su necesidad, es la que debería afectar a la Justicia, con auténtica separación de poderes y con unos tribunales perfectamente capaces de encausar y condenar sumariamente a cualquiera que incurra en desacato. Eso sí, semejante firmeza debería establecerse a partir del momento en que esos mismo tribunales no hubiesen sido elegidos por los políticos, como sucede ahora, sino exclusivamente entre todos los miembros de la Judicatura: jueces, fiscales, secretarios de juzgado y abogados en ejercicio.

Así, pues, debe quedar claro que sin tribunales independientes y carentes de poder para aplicar las sentencias, que es el punto en que nos encontramos, según quien sea el afectado hará lo que le venga en gana. Comenzando por los gobiernos regionales o de España. Y esto, señores, de ningún modo puede llamarse democracia, sino una situación de anormalidad, apenas disimulada sobre el papel, cuyas secuelas más serías ya vemos a qué pueden conducirnos: Primero a la crisis galopante, luego a la miseria que se deriva del cada uno a lo suyo y, tal vez, a la pérdida de la unidad de nuestra querida Nación española.