Cuando las urnas han dictado su veredicto y
han preferido encargar el gobierno a partidos menos siniestros, la izquierda ha
tratado de ganar siempre en la calle lo que las fechorías políticas que
perpetraron les apartó del poder. Tal sería el caso de Andalucía, donde a lo
largo de casi cuatro décadas se estableció un régimen malversador que llegó a
comprar a buena parte de los electores, razón por la que creyeron haber asumido
el poder para siempre y de ahí el tremendo berrinche que ahora
manifiestan.
Los llamados chiringuitos promovidos
por la Junta socialista de Andalucía, muchos de cuyos empleos se van heredando
de padres a hijos o de alcaldes socialistas a concejales del mismo palo, son el
mayor ejemplo de corrupción política que contemplan los siglos. Hay
chiringuitos de todo tipo y con cualquier excusa, denominados “Servicio”,
“Agencia”, “Consorcio”, “Sociedad”, “Fundación”, “Parque”…, así hasta 69 entes
propios, más otros 144 entes en los que la Junta tiene participación, es decir,
que los subvenciona y de paso decide quién entra a trabajar en ellos y quién
no.
Algunos de esos entes, donde cabe incluir otro
conglomerado de empresas igualmente garrapatas, como es la Radio Televisión de
Andalucía o Canal Sur, cuyos directivos, además de cobrar unos sueldos de
muchos quilates (en algunos casos incluso superiores a los de Susana Díaz), se
asocian a varias productoras externas que también recaudan lo suyo y es un modo
de tener mano sobre mano, puesto que abunda la gente poco diestra pero con
carné del partido, a una plantilla de Canal Sur que en circunstancias normales
debería reducirse a un tercio.
En fin, para que nos hagamos una idea de la
–también– corrupción laboral del socialismo andaluz, ahí van algunos datos
extraídos de un informe del diario El Mundo: La cifra más
abultada es la de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay 4.868
empleados. La Fundación Andalucía Emprende cuenta con 936; la RTVA, 1.458; y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera,
1.538. Sin contar que sobre todo hay 270.101 empleados a sueldo de la Junta,
entre ellos 43.641 adscritos a la Administración general, 96.451 docentes no
universitarios, 95.184 en instituciones sanitarias, 7.521 de la administración
de justicia y 27.304 en el sector
instrumental o 'administración paralela' (el 10,1% del
total).
¡Cómo no se van a echar a la
calle si ven llegar la cesantía o el se acabó vivir del cuento! Parece un momento
idóneo para recordar lo que la multitud le gritaba al entonces líder socialista
cuando llegó al poder: ¡¡Felipe, colócanos a todos!!
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