No todas las
sediciones se originaron con su correspondiente asalto a la Bastilla, ni
siquiera la francesa, primero debieron darse otras circunstancias menores que
fuesen propiciando la atmósfera adecuada para emprender el episodio revolucionario.
Con su lamentable desidia, ZP ha consentido que en España se hayan ido consolidando,
puesto que comenzaron hace muchos años, dos focos de sedición a cual más
preocupante: Cataluña y el País Vasco. Comunidades a las que probablemente
habría que sumarles otros territorios que comienzan ya a dar muestras de emprender
el curso sedicioso.
Sí, sé que la
palabra “sedición” suena muy fuerte y que además tiende a interpretarse como
una insurrección armada o cuartelera. Pero la sedición no siempre es militar, ya
que el término se limita a definir al acto de declararse en contra de la
autoridad legal establecida e iniciar la rebeldía contra ella. Y esa rebelión es
perfectamente posible acometerla desde estamentos civiles, que sería el caso de
las instituciones vascas y catalanas al negarse a acatar ciertas reglas comunes,
como la ley de banderas, lo que constituye al mismo tiempo un grave desacato
hacia el Poder judicial, que recientemente se ha pronunciado al efecto.
La sedición se
da con claridad, por ejemplo, cuando en determinados actos municipales o corporativos,
como ha sucedido esta misma semana durante la izada de banderas en el
ayuntamiento de Lizarza, se permiten amenazas de muerte de los terroristas
hacia los concejales demócratas que sí se someten a la ley. Quien controla en el
territorio vasco a la policía autonómica, a su vez incurre en sedición por
omisión al no aplicar la normativa en vigor y consentir la impunidad a esos
filoetarras que han proferido tan serias amenazas, los cuales no dejan de ser, aun
cuando el gobierno de ZP ha preferido no ilegalizarlos a todos —él sabrá por
qué—, componentes de una organización armada dedicada al crimen en todas sus
variantes. Una organización armada, digámoslo de una vez, cuya asfixiante
presencia —en la actualidad de rienda suelta gracias a la nefasta labor del
gobierno socialista—, es la causa de que en el País Vasco no haya llegado a arraigar
la democracia plena. Lo mismo que sucede en Cataluña.
La sedición se
da, asimismo, cuando una federación territorial deportiva hace caso omiso a la
autoridad establecida por ley, en este caso la RFEF y la Ley Orgánica del
Deporte, y decide celebrar un encuentro de fútbol de carácter internacional y en
contra del criterio de un estamento superior al que debe permanecer subordinado.
Y se comportan sediciosamente, no hay ninguna duda de ello, no sólo el
presidente de los futboleros catalanes —un mandado al fin y al cabo—, sino esencialmente
los cargos públicos que apoyan la celebración de ese encuentro deportivo y
además influyen con sus manifestaciones para que se celebre. Tal es el caso de
Montilla, Saura, Pruna y Herrera, entre otros mandatarios de las instituciones
catalanas. Todo un ejemplo, desde el “president” Montilla (suena a chiste) para
abajo, de deslealtad institucional y jugueteo sedicioso, que aprovechando la
indolencia zapaterina rivalizan a ver quién llega más lejos a la hora de
aparentar mayor nacionalismo. Y no porque lo sientan así, caso de Montilla y
otros, sino porque están convencidos que de ese modo no perderán el poder.
Se dirá que el
tema de las banderas es peccata minuta, y que ya que estamos en una democracia
y hay libertad para mostrarse como uno crea conveniente, pues se iza la bandera
según interese o apetezca conforme a la condición de simpatizante o no con lo
español. Puede incluso llegar a decirse que esto del fútbol es una patochada y que
no puede hacerle daño a nadie porque se juegue o deje de jugarse un partido. Para
algunos, la ley apenas cuenta en ambos casos, ya que resulta molesta y bastante
anticuada a ciertos poderes regionales. Y ya se sabe, el ciudadano marcha a
menudo por delante de la norma. En efecto, todo esto y mucho más forma parte
del argumento que podría llegar a exponerse, y de hecho así se hace sin tregua
alguna en los medios de comunicación controlados por los sediciosos. Unos
argumentos que a menudo concluyen tildando de intolerantes, cuando no de
fascistas, a los que simplemente aspiran a que se cumpla la ley.
Lo que sucede es
que la bandera rechazada suele ser la española, es decir, el símbolo más
preciado para cualquier nación que se resista a ser humillada a diario. Sería
bueno recordar, al respecto, que siempre “hay un límite más allá del cual la
tolerancia deja de ser una virtud” y se convierte en complicidad interesada con
los sediciosos o en cobardía. Por otra parte, sobre la rebeldía de algunas
instituciones catalanas en el asunto del fútbol, no hay más que recordarles a
los que miran para otro lado y se abstienen de cumplir con su deber que “toda
pasividad ante el incumplimiento de la ley llega a ser, a la larga, un derecho
adquirido por el infractor”. Y en el fondo es lo que buscan los sediciosos:
adquirir derechos que no les corresponden ni se les ha reconocido en ley alguna.
Nos encontramos,
pues, ante unos delincuentes potenciales que han iniciado su trayectoria
sediciosa con actos de tanteo, una actitud desleal iniciada incluso antes de
las primeras elecciones generales, siempre en espera de comprobar cuál es la
respuesta del poder ejecutivo de la nación española para dar o no el siguiente
paso o aplazarlo para mejor ocasión, nunca para renunciar a él. Desde la
llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno, esa respuesta ha sido a
menudo el desistimiento más descarado o directamente la complicidad, que sería
el caso del nuevo y liberticida estatuto de Cataluña. Como mucho se pronuncian
frases de cara a la galería, hacia el votante adicto o el ingenuo, así ha
sucedido en el conflicto del fútbol y las manifestaciones de la incapaz De la
Vega en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de ayer, frases que
posteriormente suelen quedar en nada y que en absoluto suponen la apertura de
un expediente sancionador o el envío de diligencias a los tribunales.
En la
actualidad, y viene siendo así desde hace años, la nación española está
sometida al albur de cuanto caprichoso separatista le presiona al gobierno de
turno, un gobierno supuestamente necesitado de apoyos parlamentarios porque es
incapaz de una gran coalición, tal es el odio y la rivalidad que se ha venido fomentando
entre las dos formaciones políticas dominantes. De hecho, en la era ZP, la peor
etapa con mucha diferencia a la hora de la desidia frente a los nacionalistas,
no hemos llegado más lejos en la disgregación de la patria común precisamente a
causa de la “moderación” de éstos, que cobardemente, creyéndose en el buen
camino y sin vuelta atrás, no se atreven a dar el paso definitivo hasta que
adviertan el objetivo ablandado lo suficiente, por no decir podrido.
Hay incluso
quien se toma el asunto a cachondeo y comenta que los vascos y los catalanes —pronto
los gallegos, los canarios y algunos más— no se irán jamás y tendremos que
echarlos. Pero lo malo no es eso, me refiero al absurdo supuesto de echarlos de
España, sino el peligro extremo de que, entretanto, el resto de las regiones
españolas se conviertan en un pudridero lleno de resquemor, porque cuando en
esos otros territorios advierten por comparación el mal trato al que se les está
sometiendo, pensemos simplemente en el problema del agua o las infraestructuras,
lo más lógico es que aspiren a los mismos privilegios que la “naciones” de
diseño. Y claro, no hay para todos.
La nación
española debe hacerse respetar de un modo firme ante los sediciosos, esta es
una idea que tarde o temprano, con independencia de la ideología política que
se profese, deberá calar en la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. La
alternativa a una nación fuerte que no tolere la desavenencia y los privilegios
territoriales es de sobras conocida: la balcanización, una circunstancia que
quizá se haya iniciado ya a pesar de que más de un simpatizante de ZP afirme con
sorna que: “¡Ves, España no se rompe!”. Claro está que ese simpatizante suele
ser incapaz de advertir que la ruptura no supone necesariamente cavar zanjas en
las fronteras autonómicas, basta con la desigualdad ante la Ley o la
conculcación impune de la misma. Sin hacer mención a las fronteras idiomáticas
que se erigen a buen ritmo.
Sólo el respeto
por uno mismo logra el respeto de los demás. Si este Gobierno socialista de ahora
se muestra incapaz de infundir respeto a los que opinan que la Ley no va con
ellos, ¿qué esperamos para declararlo abiertamente incompetente y cambiarlo en
las siguientes elecciones generales mediante un voto masivo de castigo?
Artículo
revisado, insertado el 8 de septiembre de 2007 en Batiburrillo de Red Liberal
PD
(30-10-2015): Aunque parezca inmodestia, hace ocho años que ya vi claro y así
lo escribí que nos estábamos adentrando en el camino de la sedición. Desde
entonces, los separatistas catalanes ha dado varias vueltas de tuerca a la
sedición y han anunciado para los próximos días que iniciarán el camino de la
independencia hacia la República catalana, lo cual es adentrarse en la
siguiente fase: la Rebelión. Espero que sobre esa gente caiga todo el peso de
la Ley y la mayoría de ellos, o al menos sus cabecillas, acaben en prisión. Eso
sí, el resto inhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de cargo público.
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