viernes, 9 de octubre de 2015

El mundo boca abajo (438)

Los partidos políticos españoles solamente han valorado al Tribunal Constitucional cuando las sentencias han sido favorables a sus intereses. Para los separatistas, el TC es algo así como la cueva de los horrores, quizá porque sus doce miembros no aceptan de buen grado el desacatado continuado a las leyes en el que vive el régimen opresivo que manda en Cataluña.  

Me parece escandalosa, por no hablar directamente de una nueva transgresión de los valores constitucionales, es decir, de una traición a España, la última propuesta de los socialistas respecto al Tribunal Constitucional. El funcionamiento del alto tribunal se rige por una ley orgánica que define con claridad qué jueces o notables de la judicatura deben componerlo y el modo de ser elegidos. La dos últimas reformas judiciales que afectaron al TC, la primera impuesta por la mayoría absoluta del PSOE y la segunda consensuada entre el PP —entonces en el gobierno— y el PSOE, determinaron que los partidos políticos, a través de las cámaras, tuviesen mando en plaza a la hora de elegir a los magistrados. La segunda reforma fue un tremendo error de los populares, que con mayoría absoluta pudieron haber reparado la cacicada del PSOE, pero que se limitaron a validar el sometimiento de la Justicia a los políticos y la desaparición del estado de derecho, puesto que implicaba el fin efectivo de la separación de poderes.


Pues bien, en la actualidad (año 2006) hay una ponencia parlamentaria encargada de reformar dicha ley orgánica del TC. Hasta aquí nada que me parezca anormal, ya que siempre he mantenido que las leyes pueden ser reformadas en uno u otro sentido y ahora, desde luego, hubiese sido un momento excelente para reforzar la independencia del Constitucional y darle una inyección de vitalidad a esta democracia enfermiza que nos ha tocado en suerte. No se olvide que hay varios estatutos autonómicos recurridos, y los que vendrán, porque la deriva hacia el “yo me lo guiso, yo me lo como” de las comunidades autónomas es un puchero que se ve hervir hora a hora.

Sin embargo, no sólo no se ha orientado la reforma en esa dirección de mayor independencia del Poder constitucional, sino todo lo contrario. El acuerdo alcanzado entre los socialistas y esa pandilla de separatistas y antisistema que le respalda han acordado que las comunidades puedan presentar, a través del Senado, sus propios candidatos al TC. Ahora sólo falta decidir el número de magistrados, de los doce miembros que lo integran, que quedarán reservados a las comunidades. Podrían ser dos jueces, para equipararse a los que propone el Gobierno, e incluso cuatro, que son los que decide el Senado y es una cámara en la que el PP roza la mayoría absoluta —ahora le correspondía el turno de elección para renovar un tercio—, a la que claramente se le quieren hurtar o rebajar sus facultades. De modo que a no tardar nos encontraremos con un Tribunal Constitucional en el que salvo los dos miembros designados por el Consejo General del Poder Judicial, el resto de sus componentes habrá sido elegido por el gobierno socialista, el Congreso en manos del PSOE y sus interesadas garrapatas y un Senado al que le darían el tema mascado desde las comunidades.

¿Qué significa todo esto? A mi modo de ver que nos adentrados de nuevo en ese capítulo incesante de alevosías pactadas por el traidor ZP y la caterva de energúmenos a los que algunos conocen como nacionalistas pero que, en realidad, son clanes mafiosos al más puro estilo calabrés o napolitano. Para ellos, para los mafiosos, se sabe que la única ley buena es su propia ley de la “omertá” y el delito continuado de consecuencias impunes, por lo que no me resulta extraño que pretendan avanzar en la desaparición de leyes justas e iguales para todos y los nuevos estatutos no lo son, muy especialmente el catalán. Ahora bien, cómo calificar el comportamiento de un partido político a cargo del Gobierno de la nación española que se presta a transformar de tal modo las leyes, a sabiendas de que cada región acabará por parecerse al país de Caín. De ZP ya he dejado claro lo que pienso, pero ¿y los demás? Me resisto a creer, y no es la primera vez que lo digo aunque se me acuse de ingenuo —condición que admito a gusto—, que tantos miles y miles de socialistas sean o unos sinvergüenzas o unos traidores. No es posible algo así, ¡lo juro por mi propia vida!

En suma, tiene guasa que cuando los nuevos estatutos autonómicos debieran adaptarse a la Constitución española, correspondiéndole al Tribunal Constitucional decidir sobre ello, sea el TC el que esté en puertas de amoldarse a los estatutos regionales, especialmente al de Cataluña, en cuyo artículo 180 se establece que la “Generalitat” participará en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitución. No es que esto sea el mundo al revés, ¡es el mundo boca abajo! Y tal postura implica la caída y desaparición, por gravedad, de los valores más elementales. Gracias a la codicia política de ZP, la lealtad de los gobernantes es el primero de los valores que ha caído en España. Decía Ramón Llull que “los caminos de la lealtad son siempre rectos”. Ahora comprendo tantos movimientos convulsivos y zigzagueantes, videos incluidos, de algunos socialistas.

Artículo revisado, insertado el 30 de noviembre de 2006 en Batiburrillo de Red Liberal


PD (09-10-2015): En esta etapa (años 2012 al 2015) del más completo desacato a la Ley por parte del separatismo catalán, hay quien considera que todo comenzó cuando el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del nuevo estatuto de Cataluña, algo que en realidad era una verdadera Constitución que, de haberse aprobado tal cual, Cataluña sería una nueva nación europea en la práctica independiente, conservando un ligero vínculo con España solamente por conveniencias comerciales y energéticas. Hoy, ese TC está completamente desprestigiado en Cataluña como consecuencia de los numerosísimos ataques recibidos por parte del separatismo. Y el asunto es bien curioso, porque hubo una época en que los entonces nacionalistas andaban locos por nombrar una pareja de magistrados del Constitucional, y patalearon y patalearon hasta que al final pudieron elegir a uno. En la actualidad cuentan con la magistrada catalana María Encarnación Roca Trías, lo que no ha impedido que la señora votase siempre junto al resto de sus colegas en aquellas ocasiones en que el Gobierno catalán se ha comportado con arbitrariedad. Es decir, el separatismo es tan insoportablemente rancio y falto de lealtad que trata de hacer leña incluso de los más altos tribunales, si bien inicialmente procura atraérselos a su favor.  

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